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Inversiones en los Estados Unidos

 

En el momento de plantearse una inversión extranjera en los Estados Unidos, la consideración más relevante para el inversor extranjero desde el punto de vista legal, tal vez sea que la estructura corporativa que seleccione para desarrollar la inversión le garantice la limitación de responsabilidad, mientras que desde un punto de vista estrictamente fiscal, la estructura corporativa más idónea será la que le otorgue el mejor trato fiscal y que en consecuencia le procure la mayor rentabilidad a la inversión.

Si bien el desarrollo de ciertas inversiones requiere legalmente de un establecimiento permanente en los Estados Unidos, que debe hacerse efectivo mediante la constitución o registro de una sociedad extranjera en los Estados Unidos, no es menos cierto que la inversión en determinados activos puede realizarse mediante una sociedad extranjera no registrada en los Estados Unidos y ello puede incluso ser recomendable en supuestos muy específicos.

A las inversiones consistentes en el desarrollo de actividades comerciales o empresariales, que requieren legalmente de un establecimiento de negocios permanente, les son aplicables los mismos impuestos que a cualquier inversión propiedad de nacionales estadounidenses. En cambio, a los ingresos que los no residentes en los Estados Unidos pueden recibir, sin la necesidad de tener un establecimiento permanente, tales como el pago de intereses, dividendos, rentas, anualidades, o servicios prestados, se les aplica una retención a efectos de impuestos del 30%, excepto en los casos en que entre los Estados Unidos y el país receptor del pago exista un Tratado de Doble Imposición.

En Juris Magister Abogados conocemos con detalle los procedimientos legales y fiscales que se requieren a los inversores extranjeros con objeto de formalizar sus inversiones en activos mobiliarios, inmobiliarios, financieros e intangibles en los Estados Unidos. Ello no obstante, en Juris Magister Abogados no asesoramos sobre ningún tipo de inversión. Nuestras actividades profesionales versan única y exclusivamente en analizar, asesorar y recomendar la estructura jurídico-fiscal más adecuada para proceder a realizar y rentabilizar de la manera más adecuada las inversiones extranjeras en los Estados Unidos.

 

ACTIVOS MOBILIARIOS

INTRODUCCIÓN

La inversión extranjera en los Estados Unidos en activos mobiliarios, en especial cuando la inversión tiene como finalidad el desarrollo de una actividad empresarial, es aconsejable que sea realizada a través de una sociedad y a ello contribuyen varias razones fundamentales:

  1. La limitación de responsabilidad debe ser considerada como un objetivo primordial al plantearse cualquier inversión empresarial en los Estados Unidos. Ello es especialmente aconsejable ante la eventualidad de que la actividad empresarial ocasione pérdidas, o incluso en los casos en que la empresa pueda degenerar en un proceso de suspensión de pagos o quiebra, y que ante semejantes supuestos, el inversor no se vea condicionado a hacer frente a las pérdidas en los Estados Unidos con todo su patrimonio internacional.

Pero adicionalmente, ello es absolutamente recomendable al considerar que en los Estados Unidos en las últimas décadas han proliferado las acciones judiciales de responsabilidad civil con pretensiones de indemnizaciones cuantiosas, y es comprensible que cualquier actividad empresarial pudiese, por su misma dinámica, causar unos daños que pudiesen ser resarcibles mediante el ejercicio de la correspondiente acción de responsabilidad civil.

Si bien es cierto que algunas de estas consecuencias podrían ser mitigadas con la contratación de seguros privados, no deja de ser menos cierto que el coste de la contratación de estos puede afectar de forma considerable la economía de las pequeñas y medianas empresas de nueva creación.

  1. Una inversión desarrollada a través de una sociedad permite dotar a la misma de existencia perpetua, puesto que la misma no se extingue con la muerte del inversor, al estar dotada de personalidad jurídica propia distinta a la del propio inversor, ello origina, consecuentemente, que se eviten Impuestos de Sucesiones y Herencia sobre los activos que forman parte de la inversión.
  2. El desarrollo de una inversión y por ende, de una actividad empresarial a través de una estructura corporativa, permite organizar y dirigir el negocio propio de la sociedad a través de una administración gerencial dotada de administradores y puestos ejecutivos específicos que permiten desarrollar el negocio de la empresa de acuerdo a las necesidades propias que vayan surgiendo con el paso del tiempo.
  3. La inversión organizada a través de una estructura corporativa cuyo capital social está representado por acciones o participaciones, facilita la transmisión de la propiedad inter vivos o mortis causa mediante la simple transmisión de las acciones o participaciones de la sociedad.

En caso de que se requiera aumentar el capital social o el número de socios de una sociedad, los Estatutos y, en su defecto, la normativa societaria aplicable establece las reglas que deben seguirse para cumplir satisfactoriamente esos objetivos.

  1. Una estructura corporativa permite, con la adecuada planificación, que se le aplique un régimen fiscal favorable que ofrezca al inversor las máximas garantías de rentabilidad. En este sentido, todos los gastos relativos a la operativa de un negocio y necesarios para su desarrollo son contabilizados por la sociedad con objeto de deducirlos de los ingresos brutos, reduciendo de esta manera la base imponible sobre la que se aplica el impuesto a la sociedad. Los gastos de capital son también deducibles a través de la depreciación y de la amortización.
  2. Por último, la normativa de inmigración de los Estados Unidos, no permite que una inversión extranjera sea desarrollada por un inversor extranjero a título individual ya que si este quiere viajar con frecuencia a los Estados Unidos para supervisar esa inversión, o quiere permanecer en los Estados Unidos por un periodo superior al que otorga el Programa de Exención de Visados o los Visados Negocios B1, Visados de Turismo B2 o Visado Negocios/Turismo (B1/B2), y sobre todo, si el inversor extranjero pretende desarrollar actividades de supervisión o dirección de la inversión, mediante su presencia física continua en los Estados Unidos y que sus actividades le sean retribuidas en Estados Unidos en concepto de trabajo, entonces será necesario que obtenga del USCIS un Visado o Permiso de Residencia específico para esos fines, y para ello se requiere que la inversión o actividad de negocio sea desarrollada por una sociedad constituida o registrada en los Estados Unidos.

Las razones anteriores apuntan por tanto a la conveniencia de realizar una inversión en los Estados Unidos a través de una sociedad, y queda ahora por determinar si la sociedad en cuestión puede resultar aconsejable que sea una sociedad estadounidense o si, por el contrario, puede ser una sociedad extranjera no registrada en los Estados Unidos.

Toda actividad de negocios que se desarrolle de forma continua en los Estados Unidos y que requiera para el desarrollo de actividades una presencia física en los Estados Unidos, debe ser desarrollada por imperativo legal por una entidad jurídica estadounidense o, por una sociedad extranjera registrada en los Estados Unidos.

La sociedad estadounidense es la que se constituye y se registra en el Estado de la Unión en donde la sociedad tiene su domicilio principal de negocios. Cada Estado tiene competencia exclusiva en esta materia, y la sociedad se regula por la legislación de ese Estado en cuestión. Ello no obstante, la sociedad tendrá facultades de facultades de desarrollar operaciones de negocio en todo el territorio nacional de los Estados Unidos, siempre y cuando para el desarrollo de esas operaciones de negocio, la legislación de un Estado no imponga el deber de registrarse como sociedad también en ese otro Estado.

La constitución y registro de una sociedad en los términos comentados, dota de personalidad jurídica propia a la nueva entidad jurídica por lo que el socio o inversor tiene completamente limitada su responsabilidad en la nueva creada entidad jurídica.

El registro de una sociedad extranjera en cambio, posibilita desarrollar actividades de negocio en los Estados Unidos mediante el registro de la sociedad en el Estado en donde se halle ubicado el domicilio principal de negocios. Cada Estado tiene competencia exclusiva en esta materia y la sociedad se regulará por la legislación de ese Estado. También en este caso, la sociedad tendrá facultades de desarrollar operaciones de negocio en todo el territorio nacional de los Estados Unidos, siempre y cuando para el desarrollo de esas operaciones de negocio, la legislación de un Estado no requiera el deber de registrarse en ese otro Estado.

El registro de una sociedad extranjera no otorga personalidad jurídica propia a la entidad jurídica registrada, si no que esta entidad denominada Sucursal, no goza de personalidad jurídica distinta a la de su origen, y como consecuencia inmediata y directa ello ocasiona, que el socio o inversor no tenga limitada la responsabilidad en relación a la entidad registrada en los Estados Unidos.

La ley obliga a que sociedades que se dediquen a actividades tales como las bancarias o financieras, deban registrarse como sucursales en el Estado en donde realizan actividades de negocios.

Al margen de que una actividad de negocios por imperativo legal o por cualquier otro motivo deba ser desarrollada por una sucursal, no hay motivos jurídicos o fiscales que aconsejen el desarrollo de la inversión o actividad de negocios a través de una sucursal, es más, incluso existen motivos jurídico-fiscales que lo desaconsejan. Además de la ya reiterada falta de limitación de responsabilidad, cuando las sucursales se registran en los Estados Unidos, deben registrarse como Corporación y este tipo de entidad jurídica no es, en la mayoría de supuestos, el más aconsejable fiscalmente para el desarrollo de una inversión extranjera en los Estados Unidos ya que no puede beneficiarse ni le es aplicable el régimen de transparencia fiscal.

Sobre la base de las razones anteriormente expuestas, de los tipos de sociedad  existentes en los Estados Unidos deben por tanto ser descartados para realizar una inversión o desarrollar una actividad de negocios en los Estados Unidos, aquellos que no garanticen al inversor extranjero la limitación de responsabilidad. En este sentido, deben por tanto descartarse la Sociedad Colectiva, la Sucursal y la opción de desarrollar un negocio como Propietario Individual.

En cuanto a los restantes tipos de sociedades, cabe señalar que con anterioridad a la existencia de la Sociedad LLC, la Sociedad Comanditaria era considerada el tipo de sociedad más adecuado para las inversiones de los extranjeros al otorgar limitación de responsabilidad a los socios comanditarios y estar dotada del régimen transparencia fiscal.

Las entidades jurídicas que en el momento de su constitución tuvieron que adoptar una forma distinta a la de Sociedad LLC al no existir todavía este último tipo de entidad jurídica en aquel momento, han podido en los últimos años “convertirse” a Sociedades LLC, ya que en los Estados del Unión se ha implementado en los últimos años normativa con objeto de dar cumplimiento satisfactorio a este objetivo, y a su vez, el IRS ha posibilitado con el paso del tiempo, que la elección del trato fiscal pueda ser cambiado en determinados supuestos tal y como también ha sido desarrollado anteriormente.

Sobre la base de los razonamientos expuestos anteriormente, se puede concluir que la titularidad de activos mobiliarios con objeto de desarrollar una actividad de negocios en los Estados Unidos es recomendable jurídica y fiscalmente que sea detentada a través de una sociedad constituida o registrada en el Estado en donde se ubique su domicilio principal de negocios.

Ahora bien, en relación a la tenencia de acciones o participaciones de una sociedad, no existe ninguna limitación en términos generales, a que esta sea detentada por una persona física extranjera, una sociedad extranjera o una combinación de las anteriores. La determinación para escoger una u otra opción se debería realizar sobre la base de las siguientes consideraciones:

En términos generales, la tenencia de acciones o participaciones de una sociedad estadounidense es aconsejable que sea detentada a través de una sociedad extranjera que pueda ser considerada “matriz” de una “filial” que adopte la forma de Sociedad LLC en los Estados Unidos. La sociedad matriz podrá contabilizar las pérdidas de la filial, a la que al serle aplicable el régimen de transparencia fiscal, las pérdidas iniciales consecuentes con el inicio de un nuevo negocio en los Estados Unidos, podrán ser directamente imputables a la sociedad matriz extranjera.

La sociedad matriz extranjera podrá transferir a su filial en los Estados Unidos personal gerente, ejecutivo, especializado o con funciones de desarrollar training a personal local, siempre que se cumplan con las regulaciones del USCIS para estos efectos.

La sociedad matriz extranjera que detente las acciones o participaciones de una sociedad filial en los Estados Unidos asegura la existencia y continuidad de la personalidad jurídica de la sociedad filial, pudiéndose evitar cuantiosos Impuestos de Sucesiones o Herencia sobre la trasmisión de las acciones o participaciones, algo que no podría garantizarse si las acciones o participaciones de una filial en los Estados Unidos fuesen detentadas por una persona física extranjera.

  1. La tenencia de acciones o participaciones por una persona física queda limitada a los supuestos en los que el inversor extranjero no quiere o no dispone de una sociedad extranjera que detente las acciones o participaciones de una filial en los Estados Unidos. En este supuesto, no pueden haber consideraciones fiscales en relación a una matriz en el extranjero, y los beneficios fiscales relacionados con la inversión son atribuibles directamente al inversor como persona física que realiza la inversión en los Estados Unidos a través de una Sociedad LLC.
  2. La tenencia de acciones o participaciones de una sociedad estadounidense a través de una sociedad extranjera de un tercer país no vinculado al país de residencia del inversor o de una sociedad matriz, solo puede ser recomendable en los casos en que no existan implicaciones migratorias relacionadas con la inversión extranjera tanto para el inversor como para personal ejecutivo, gerencial o especializado que deba ser transferido a los Estados Unidos.
  3. Por último, en relación a la posibilidad de que los tenedores de las acciones o participaciones de una sociedad estadounidense sean una combinación de personas físicas o jurídicas extranjeras, existiría cuanto menos un requerimiento legal a considerar y que estaría relacionado con la normativa de inmigración relativa a la obtención de un Visado o Permiso de Residencia para el propio inversor o para personal gerencial, ejecutivo o especializado que pudiese ser transferido a los Estados Unidos. Para dar cumplimiento a los requisitos legales en materia de inmigración y conseguir este propósito, sería recomendable que la sociedad extranjera desde la cual fuese transferido el personal extranjero a los Estados Unidos, tuviese al menos el 50% de las acciones o participaciones de la sociedad a la que fuese transferido dicho personal, pudiendo las restantes acciones o participaciones quedar en manos de otra persona física o jurídica según sea recomendable en función de cada caso en concreto.

Conviene también hacer una reflexión sobre la conveniencia de realizar una inversión mediante la compra de los activos de una sociedad o mediante la compra de las acciones o participaciones de una sociedad. La transmisión de acciones o participaciones de una sociedad siempre ocasiona la transferencia para el comprador de todas responsabilidades legales que tenía asumida la sociedad. Esta situación no ocurre con la transmisión de los activos de la sociedad, los cuales quedan completamente desvinculados de las responsabilidades legales que haya podido adquirir la sociedad, salvo en contadas excepciones y vinculadas básicamente al hecho de que el comprador asuma explícita o implícitamente las responsabilidades legales del vendedor, y que en la mayoría de casos se relacionan con que la venta sea en realidad una fusión, o que el comprador siga con la misma actividad de negocios que el vendedor manteniendo el mismo equipo gerencial, o que la venta haya sido realizada con una finalidad fraudulenta con objeto de evitar ciertas responsabilidades legales. No obstante, cabe reseñar que la transferencia de activos conlleva unas implicaciones fiscales que convendría analizar detalladamente en cada supuesto.

ACTIVOS INMOBILIARIOS

INTRODUCCIÓN

Desde un punto de vista estrictamente jurídico, las transacciones en los Estados Unidos relacionadas con la compra de activos inmobiliarios por parte de inversores extranjeros están sometidas a las mismas regulaciones que las transacciones realizadas entre nacionales estadounidenses o sociedades constituidas y registradas en los Estados Unidos.

Ahora bien, las transacciones inmobiliarias en los Estados Unidos tienen peculiaridades específicas que quizás varían en cuanto a la forma y proceso de las del país de origen y procedencia del inversor extranjero, y por ello, conviene hacer una breve introducción al proceso de adquisición de activos inmobiliarios en los Estados Unidos.

La legislación requiere que toda transacción inmobiliaria en los Estado Unidos sea documentada por escrito. Generalmente, la transacción se inicia mediante una oferta por escrito presentada por el comprador en un contrato en donde quedan establecidos los términos y condiciones que propone el comprador. Una vez que la oferta es aceptada por el vendedor, y se produce un acuerdo sobre los términos y condiciones específicas del contrato, el documento se convierte en un instrumento de cumplimento legal para las partes. El comprador dispone de un periodo para inspeccionar la propiedad, revisar legalmente el título de propiedad y obtener financiación, si lo requiere; y tras estos trámites, se procede al “cierre” (closing) de la transacción, que es el momento en que legamente el vendedor otorga la Escritura (Deed) por la que se transfiere el título de propiedad a favor del comprador; y este entrega el precio convenido, o remanente si anteriormente había entregado una parte en concepto de entrada o pago a cuenta, como parte de su contraprestación en la transacción.

En el momento del cierre, y si en la transacción debe ser realizada mediante financiación, se firman los documentos básicos entre las partes que intervienen en la transacción: por una parte, en la Escritura intervienen solamente comprador y vendedor; y por otro parte, en el préstamo hipotecario interviene el comprador y la entidad que financia la transacción; y entre ambos pactan el préstamo (loan) que la entidad financiará sobre la base de los términos y condiciones de repago del capital prestado, y la hipoteca (mortgage) por la que la propiedad inmobiliaria objeto de la transacción garantiza el repago del préstamo por parte del comprador a la entidad financiera.

En los Estados Unidos, en los Estados de la Unión y en los Condados o Municipalidades, no existe un Registro de Propiedad tal y como es entendido en muchos países, especialmente en países de Derecho Civil. Los registros en los Estados Unidos documentan solamente las transacciones inmobiliarias, pero no otorgan garantía legal alguna sobre el título de propiedad. El registro de una transacción inmobiliaria no constituye reconocimiento de título alguno a favor de cualquiera de las partes que intervienen en una transacción, sino que simplemente documenta la transacción inmobiliaria por sí misma.

Tradicionalmente, el comprador debía contratar un Abogado especializado en esta materia para realizar un análisis del título de propiedad y asegurarse de que este no tuviera ni vicios ni defectos. En los últimos años, se ha generalizado la práctica de utilizar “compañías de título”, que básicamente ofrecen un “seguro de título” que contrata el comprador y por el que la compañía asegura cualquier defecto sobre el título de propiedad. Obviamente, en los casos en que interviene una entidad financiera en la transacción, esta tiene a su vez un interés legítimo en revisar y analizar la ausencia de todo tipo de vicios y defectos en el título de propiedad.

Merece hacer una breve referencia al concepto de Condominio (Condominium) puesto que constituye uno de los activos inmobiliarios más comunes en los Estados Unidos, objeto de inversión extranjera con la finalidad de ser utilizado para uso propio y privado o de ser alquilarlo con el propósito de obtener unos ingresos periódicos. El Condominio es un edificio que ha sido dividido en Unidades (Units) de propiedad individual. En un Condominio, coinciden elementos de propiedad común y elementos de propiedad individual. Mientras que, por una parte, el edificio junto el terreno que ocupa, los sistemas mecánicos y eléctricos del edificio y áreas comunes son elementos de propiedad y uso común de todos los propietarios de unidades que se constituyen en Asociación de Propietarios (Owners Association); las unidades individuales, por otra parte, constituyen elementos de propiedad y uso privado de cada propietario.

La asociación de propietarios es responsable por la administración y el mantenimiento de todos los elementos y zonas comunes. Los propietarios contribuyen con un pago mensual a los gastos que generan esa administración y mantenimiento, y obviamente, los propietarios son asimismo responsables de su unidad individual.

El Condominio se regula por Ley Estatal y se rige por unos Estatutos que generalmente suelen ser registrados junto a las Escrituras de las unidades individuales.

Si bien, y como se comentaba al inicio de este epígrafe, desde un punto de vista estrictamente jurídico, no existen diferencias de trato por lo que respecta a la compra de activos inmobiliarios por una parte de personas físicas o jurídicas estadounidenses, residentes o registradas en los Estados Unidos y, por otra, de personas físicas o jurídicas extranjeras o no residentes o no registradas en los Estados Unidos; en cambio, desde un punto de vista fiscal, existen diferencias considerables entre el tratamiento de las inversiones en activos inmobiliarios entre unos y otros.

La consideración más importante para decidir si la inversión en activos inmobiliarios conviene realizarse mediante una persona física o jurídica residente o registrada o no en los Estados Unidos es una consideración fiscal, que consiste en que las que personas físicas o jurídicas no residentes o no registradas en los Estados Unidos están sometidas a una Retención Fiscal del 10% del total del valor de la venta en el momento de la transmisión de la propiedad inmobiliaria regulada por la Ley del Impuesto en Propiedad Inmobiliaria de Inversión Extranjera (Foreign Investment in Real Property Tax Act, FIRPTA).

Adicionalmente a la Retención de FIRPTA, existen otras consideraciones fiscales que conviene mencionar, ya que una venta inmobiliaria está sometida en los Estados Unidos a Impuestos Federales, Estatales y Locales:

Impuestos Federales: Los beneficios derivados de una venta inmobiliaria son gravados en los Estados Unidos por el Impuesto de Renta de las Personas Físicas o Impuesto de Sociedades dependiendo de la titularidad de la propiedad objeto de transmisión.

El Impuesto Federal de Sucesiones sobre la transmisión mortis causa de una propiedad inmobiliaria podría eliminarse si el titular de la propiedad inmobiliaria en cuestión es una persona jurídica.

Impuestos Estatales: Los Estados de la Unión pueden imponer Impuestos de Renta a las Personas Físicas o Impuesto de Sociedades, que son deducibles de los Impuestos Federales.

El Impuesto de Sucesiones en los Estados podría ser evitado si el titular de una propiedad inmobiliaria es una persona jurídica.

Adicionalmente, los Estados imponen un Impuesto de Transferencia (Transfer Tax) que suele ser similar al Impuesto de Ventas y cuyos tipos impositivos varían según los Estados.

Impuestos Locales: por último, y tal y como también fue desarrollado en el Capítulo I, los Impuestos de Propiedad que gravan a la propiedad inmobiliaria son competencia de la Administración Local (Condados y Municipios).

Por todo lo desarrollado conviene concluir que es recomendable invertir en activos inmobiliarios en los Estados Unidos mediante una sociedad estadounidense o una sociedad extranjera registrada en los Estados Unidos. A su vez, conviene señalar que, en los casos en que una inversión en los Estados Unidos tenga por objeto el desarrollo de una actividad empresarial y el inversor tenga disponibilidad para invertir en una propiedad inmobiliaria que sea a su vez el local de negocios de la actividad empresarial, es recomendable que la inversión se materialice mediante dos sociedad o entidades jurídicas distintas: por una parte, la que desarrolla o gestiona la actividad empresarial; y por otra parte, la que adquiere la titularidad de la propiedad inmobiliaria. Ello puede fundamentarse sobre la base los siguientes razonamientos:

  1. Desde un punto de vista estrictamente legal, conviene separar la responsabilidad jurídica entre el desarrollo de actividades empresariales y la propiedad de activos inmobiliarios, con objeto de evitar que acciones civiles que pudiesen ser ejercidas en virtud de posibles daños ocasionados por el desarrollo de una actividad empresarial, pudiesen afectar a la propiedad de activos inmobiliarios.
  2. Desde un punto de vista fiscal, una sociedad titular de una propiedad inmobiliaria puede alquilar esa propiedad a otra sociedad para su uso empresarial, por lo que los pagos en concepto del alquiler son deducibles como gasto en la sociedad gestora de la actividad empresarial.
ACTIVOS FINANCIEROS

INTRODUCCIÓN

La excepción más importante a la necesidad de realizar una inversión extranjera a través de una sociedad estadounidense o de una sociedad extrajera registrada en los Estados Unidos la constituye la inversión en activos financieros, y ello básicamente por dos razones fundamentales:

  • por una parte, porque la inversión en este tipo de activos no requiere legamente que sea efectuada a través de un establecimiento permanente en los Estados Unidos;
  • por otra parte, porque los beneficios obtenidos por la inversión en determinados “productos financieros” están exentos de tributación para las personas físicas no residentes o personas jurídicas no registradas en los Estados Unidos.

La regulación financiera en los Estados Unidos está sumamente fragmentada si se compara con la de muchos países occidentales en los que solamente existe una entidad regulatoria financiera. Adicionalmente al hecho de que existen tanto competencias atribuidas a la Administración Federal como a las Administraciones Estatales en esta materia, además existen distintas agencias reguladoras de la actividad bancaria, mercado de valores (securities), materias primas (commodities) y seguros, tanto a nivel federal como estatal.

El Banco Central de los Estados Unidos está constituido por la Reserva Federal (Federal Reserve, FED), creada en el año 1913 por la Ley de la Reserva Federal (Federal Reserve Act), con la finalidad de dirigir y controlar la política monetaria de los Estados Unidos, supervisar y regular las instituciones bancarias, mantener la estabilidad del sistema financiero y proveer servicios financieros al gobierno y a las instituciones financieras de los Estados Unidos.

La FED se compone de un Consejo de Gobernadores (Board of Governors) -compuesto de siete miembros propuestos por el Presidente de los Estados Unidos y confirmados por el Senado- y doce bancos -Reserva Federal del Banco de Nueva York, Boston, Philadelphia, Clevaland, Richmond, Atlanta, Chicago, St. Louis, Minneapolis, Kansas City, Dallas y San Francisco. El Comité Federal del Mercado Abierto (Federal Open Market Committee, FOMC) es el Comité responsable para regular la política monetaria de los Estados Unidos, y en concreto el tipo de interés, y se compone de doce miembros, los siete miembros del Consejo de Gobernadores y los Presidentes de cinco de los doce bancos que integran la FED y que actúan (a excepción del Presidente de la Reserva Federal del Banco de Nueva York) rotativamente por representación anual.

La Corporación Federal de Seguro de Depósitos (Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC), creada por la Ley Bancaria (Banking Act) de 1933, también conocida como la Ley Glass-Steagall (Glass-Steagall Act), en honor al Senador Carter Glass y al Congresista Henry B. Steagall que promovieron la Ley, es una Corporación de la Administración Federal de los Estados Unidos que asegura los depósitos bancarios en los bancos y entidades financieras registradas con la FDIC por un monto que, tras la Crisis Financiera de 2008, se aumentó hasta los 250.000 dólares para cada depositante y en cada banco.

La Oficina del Controlador Monetario (Office of the Comptroller of the Currency, OCC), creada por la Ley Monetaria Nacional (National Currency Act) de 1989, regula tanto a los bancos nacionales estadounidenses como a las sucursales federales y agencias de bancos extranjeros en los Estados Unidos.

Retomando la reflexión hecha al inicio de que las inversiones en activos financieros son quizás la única excepción a la necesidad de realizar una inversión extranjera a través de una sociedad estadounidense o una sociedad extranjera registrada en los Estados Unidos, es conveniente aclarar que ello es condicionado por el hecho de que este tipo de inversión no requiere legalmente que sea efectuada a través de un establecimiento permanente en los Estados Unidos. Los beneficios obtenidos por la inversión en determinados “productos financieros” están exentos de tributación para las personas físicas no residentes o personas jurídicas no registradas en los Estados Unidos.

Ahora bien, aunque las personas físicas no residentes y las personas jurídicas no registradas en los Estados Unidos están exentas de tributar por los beneficios obtenidos a través de las inversiones en los activos financieros anteriormente mencionados, es recomendable que la inversión en esos activos sea efectuada a través de una entidad jurídica no registrada en los Estados Unidos y no, a través de una persona física, con objeto de evitar posibles costosos Impuestos de Sucesiones y Herencia en virtud de una transmisión mortis causa de esos activos.

ACTIVOS INTANGIBLES

INTRODUCCIÓN

Los Activos Intangibles comprenden básicamente a la Propiedad Intelectual que incluyen los Derechos de Autor (Copyright), Marcas Comerciales (Trademark) y Patentes (Patent).

El origen de los Derechos de Autor se encuentra en la misma constitución de los Estados Unidos en el Artículo I, Sección 8, Cláusula 8, también conocida como la Cláusula del Derecho de Autor (Copyright Clause) por la que se faculta al Congreso de los Estados Unidos para legislar en esta materia con objeto de promover el progreso, las ciencias y las artes y garantizando, durante un periodo de tiempo limitado a los autores e inventores, el derecho exclusivo sobre sus obras e invenciones.

La primera legislación en esta materia en los Estados Unidos tiene sus orígenes en la Ley de Derecho de Autor (The Copyright Act) de 1790 que ofrecía al autor una protección en relación a la producción, difusión y explotación de sus obras durante el término de catorce años, con la posibilidad de extender el término por otros catorce años adicionales. Con el paso del tiempo, distintas leyes han modificado el término inicialmente establecido aumentándolo en varias oportunidades, hasta que la Ley de Extensión del Término del Derecho de Autor (Copyright Term Extension Act) de 1998 estableció el término en setenta años tras la muerte del autor.

Los derechos de autor se registran en la Oficina de Derechos de Autor (Copyright Office) que quedó establecida como un departamento independiente de la Librería del Congreso de los Estados Unidos en 1897.

La protección de las Marcas Comerciales tiene su origen en el Artículo I, Sección 8, Cláusula 3 de la Constitución de los Estados Unidos, también conocida como la Cláusula del Comercio (Commerce Clause), que faculta al Congreso de los Estados Unidos para regular el comercio con naciones extranjeras, entre los Estados de la Unión y con las tribus indias.

La primera legislación en esta materia data de 1881 y fue desarrollada por la Ley de Marcas Comerciales (Trademark Act) de ese año. La legislación federal vigente es la Ley Lanham (Lanham Act) de 1946. La legislación de marcas comerciales otorga el uso exclusivo a favor del propietario o del creador de la marca comercial o logo y es aplicable tanto a mercancías como a servicios.

Las marcas comerciales se registran en la Oficina de Patentes y Marcas Comerciales (Trademark Patent and Trademark Office) de los Estados Unidos, una Agencia del Departamento de Comercio de los Estados Unidos. La duración del registro federal de marca comercial es de diez años, que puede ser renovado por términos adiciones de diez años cada uno. Los Estados de la Unión disponen también de sus propios Registros de Marcas Comerciales Estatales.

Las Patentes tienen también su origen en la anteriormente mencionada Cláusula del Derecho de Autor del Artículo I, Sección 8, Cláusula 8 de la Constitución de los Estados Unidos. La primera legislación en esta materia la constituye la Ley de Patentes (Patent Act) de 1790, y la última reforma fue desarrollada por la Ley de Reforma de Patentes (Patent Reform Act) de 2009.

La patente protege a su inventor excluyendo que terceros puedan copiar, usar o vender durante un tiempo limitado la invención registrada por su inventor en la Oficina de Patentes y Marcas Comerciales. El término del derecho al uso exclusivo por parte del inventor es de veinte años, y tras ese periodo, la patente pasa a ser considerada de “dominio público”.

Con objeto de que estos activos puedan ser explotados adecuadamente en los Estados Unidos, es recomendable que su propiedad de los mismos o su explotación sea cedida contractualmente a una sociedad estadounidense.

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