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“E-2 VISA FRAUD CASES”

Casos Fraudulentos y Negligencias Profesionales en Trámites de Visados a Estados Unidos

Durante los casi 30 años que llevamos tramitando Visados E-2 a los Estados Unidos, una de las peores experiencias que vivimos, y que desafortunadamente revivimos, es la de atender a clientes que han sufrido un caso de fraude o negligencia en la tramitación de su Visado E-2.

Las consecuencias pueden ser devastadoras, no solamente por las propias implicaciones migratorias, ya que en ocasiones una gestión fraudulenta o negligente puede tener consecuencias migratoriasgraves, sino porque también, y tratándose de Visados de Negocios, Emprendimiento o de Inversión, pueden ocasionarse consecuencias legales -societarias y mercantiles- y fiscales en el negocio en los Estados Unidos, o incluso en el país de origen, si no se ha respetado la normativa del país de origen en cuanto a negocios o inversiones en el extranjero.

Siendo el Visado E-2 un Visado básicamente de Emprendimiento Económico, el conocimiento legal y fiscal de cuestiones corporativas, fiscales, Tratados de Doble Imposición, cuestiones regulatorias y financieras relacionadas con el origen de la inversión, inversión en los Estados Unidos y retorno de la inversión, asi como cuestiones de derecho civil, societario, mercantil, patrimonial y fiscal que pueden afectar al solicitante de un Visado E-2 en su de origen, son cuestiones sumamente importantes, es más, no considerar todas estas normativas y casuísticas legales, cuando son de pertinente aplicación, podría incluso comportar negligencia profesional. 

Junto a todo ello, un Abogado experimentado en Emprendimientos Internacionales, con conocimiento específico de normativa de Visado E-2, y conocedor de los detalles procedimentales del trámite en la Sección Consular de País del Inversor, es desde luego el Abogado más recomendable para liderar la representación legal, especialmente si dispone, además, de un buen equipo de Abogados locales en los Estados Unidos en su propia firma o colaboradores en cuestiones específicas migratorias, que puedan complementar al Abogado líder de la representación legal en ciertos aspectos específicos de la normativa aplicable.

Adicionalmente al fraude procesal y/o negligencia profesional, lamentablemente existen casos de fraude en el asesoramiento de compras de negocios, licencias, franquicias, etc, que son propuestos a ciudadanos de países con Tratado de Visado E-2 con el objeto de conseguir un Visado E-2. Estos asuntos, cuando su comisión esta tipificada en un Código Penal, la suerte y destino que corren,puede ser distinta.

Ante todo ello, nuestro deber profesional, es estudiar e intentar encontrar una solución legal al caso, si es que la tiene. Pero también se nos impone una obligación moral y legal de asesoramiento respecto a las acciones a las que una persona pueda tener derecho, tanto en los Estados Unidos, como en el país de origen, en relación a las infracciones de las que haya podido ser víctima.

Procedimientos Penales en Sede de la Audiencia Nacional en España

 

España es sin duda una de las mejores jurisdicciones del mundo para proceder contra el fraude internacional.

Por una parte se permite la Acción Penal pueda ser ejercida por Abogados como Acusacion Privada en representación de cualquier perjudicado.

En muchos países, incluido los Estados Unidos, ello es imposible ya que la Acción Penal solo puede ser ejercida por la Acusación Pública desarrollada por la Fiscalía.

Además en España se dispone de un Organo Judicial para enjuiciar los delitos de los españoles cometidos en el extranjero. Los Juzgados Centrales de Instrucción de la Audiencia Nacional, en virtud de los artículos 14 y 272 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, son competentes para juzgar hechos cometidos por Ciudadanos Españoles en territorio extranjero.

Adicionalmente la Justicia Universal en España permite a los Abogados iniciar como Acusación Privada procedimientos penales internacionales cuando se cumplen los requisitos establecidos por la ley.

De Reforma de la Justicia Universal acordada por la Ley Orgánica 1/2014 y de la nueva redacción del artículo Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) conviene saber que la reforma relativa a la Justicia Universal tuvo como finalidad clarificar, con aplicación del principio de legalidad y de seguridad jurídica, aquellos supuestos en que la Jurisdicción Española puede investigar y conocer de delitos cometidos fuera del territorio español.

La nueva redacción del artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, permite funcionalmente que la Jurisdicción Española pueda perseguir a los ciudadanos españoles cuando cometan un delito en el extranjero, pero siempre que concurran las siguientes circunstancias:

– que el hecho sea punible en el lugar de ejecución

– que el agraviado o el Ministerio Fiscal interponga querella ante los Tribunales españoles.

La disposición Transitoria Única de la Ley Orgánica 1/2014, establece lo siguiente: “las causas que en el momento de entrada en vigor de esta Ley, se encuentren en tramitación por los delitos a los que se hace referencia en la misma quedarán sobreseídas hasta que no se acredite el cumplimiento de los requisitos establecidos en ella”

La interpretación de este precepto ha sido fijada por el Auto 21/2014 del Pleno de lo Penal de la Audiencia Nacional de fecha 6 de mayo de 2014, estableciendo que el principal canon interpretativo de la Norma hay que buscarlo en el artículo 3 del Código Civil y que la sujeción al principio de legalidad estricto al que se encuentra sometido el ejercicio de la jurisdicción y su improrrogabilidad viene expresamente proclamado en el artículo 9 de la Ley Orgánica.

En este sentido la Sentencia del Tribunal Supremo nº 592/2014 de 24 de julio establece lo siguiente:
“La regulación de la justicia internacional en nuestro ordenamiento jurídico ha sufrido una evolución que, sintéticamente, podemos señalar que, tras la promulgación de la Ley Orgánica del Poder Judicial , ha de definirse como de pura justicia universal, en tanto que carecía de cualquier condicionante jurídico; una segunda, inaugurada mediante la modificación operada en 2009 (LO 1/2009, de 3 de noviembre), que podremos adjetivar de justicia universal con exigencia de una conexión nacional, o vínculo relevante que nos relacione con el hecho perseguido; y la vigente, que nace con la Ley Orgánica 1/2014, de 13 de marzo , en donde preponderantemente se atiende a la configuración de los tratados internacionales y el grado de atribución de jurisdicción que otorgan a los Estados firmantes.
En efecto, la propia Exposición de Motivos de la Ley justifica la reforma en la necesidad de que « la extensión de la jurisdicción nacional fuera de las propias fronteras, adentrándose en el ámbito de la soberanía de otro Estado, debe quedar circunscrita a los ámbitos que, previstos por el Derecho Internacional, deban ser asumidos por España en cumplimiento de los compromisos internacionales adquiridos: la extensión de la jurisdicción española más allá de los límites territoriales españoles debe venir legitimada y justificada por la existencia de un tratado internacional que lo prevea o autorice, el consenso de la comunidad internacional.
(…)

Sobre los principios aplicables en la materia, dijimos en las SSTS 554/2007 , 561/2007 y 582/2007 que «El principio de universalidad o de justicia mundial amplía también el ámbito de la jurisdicción española, en cuanto sirve para la protección de bienes esenciales para la humanidad, reconocidos por todas las naciones civilizadas, con independencia de la nacionalidad de los partícipes y del lugar de comisión, en cuanto, en esencia, atiende al conocimiento de los delitos propiamente internacionales».
En consecuencia, la posibilidad de persecución de hechos cometidos fuera del territorio de un Estado supone que su jurisdicción se debe fundamentar en un principio distinto del de territorialidad. De entre esos otros principios nos interesa destacar los siguientes:

1) El principio de personalidad (activa), según el cual un Estado puede perseguir los hechos cometidos por sus nacionales fuera de su territorio. Inspira el contenido del art. 23.2 de la LOPJ .

2) El principio de defensa, según el cual un Estado puede perseguir los hechos cometidos por cualquier persona (nacional o extranjera) fuera de su territorio cuando compromete o afecta a determinados intereses de ese Estado, que sean dignos de protección hasta el punto de permitir esa persecución más allá de sus fronteras. Inspira el contenido del art. 23.3 de la LOPJ .

3) Finalmente, un Estado puede perseguir hechos cometidos fuera de su territorio (de manera que no es posible aplicar el principio de territorialidad), que puedan ser cometidos por personas extranjeras (no cabe aplicar el principio de personalidad) y respecto de delitos que no comprometan sus intereses (no es posible aplicar el principio de de defensa), cuando lo permite un Tratado internacional. Estamos hablando de la justicia universal ( art. 23.4 LOPJ ).
(…)

O lo que es lo mismo, la activación de la denominada Justicia Universal no es admisible mediante querella de un actor popular. Tampoco resulta posible la incoación de oficio de diligencias por un Juzgado de Instrucción español. Solamente el Fiscal o el agraviado pueden interesar la persecución de tales delitos.”.